EL ESTADO CONTROLARA LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SECTORES ESTRATÉGICOS

La Asamblea prohibió de manera definitiva que las instituciones financieras y sus accionistas tengan participación en empresas ajenas al sector, como medios de comunicación. En caso de tener acciones, deberán deshacerse de ellas en un plazo máximo de dos años desde la vigencia de la nueva Constitución Política. Ayer, el Pleno aprobó la segunda parte del articulado de soberanía económica. En la sección sobre el sistema financiero, la Asamblea decidió que los grupos financieros o bancarios solo se dediquen a tareas de su ramo (ver segmentos). En este mismo campo,Acuerdo País flexibilizó su posición, con relación a su propuesta inicial y desistió de calificar al sistema financiero como un servicio público delegable, para convertirlo en un "servicio de orden público". Asimismo,el oficialismo aceptó incluir en el texto constitucional que una de las principales tareas del sistema financiero debe ser preservar los depósitos. La nueva Constitución señalará también que la administración,regulación, control y gestión de las áreas estratégicas solo corresponderá al Estado. Bajo ese principio, se considera entre los sectores estratégicos a la energía, las telecomunicaciones, la minería, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación, el espectro electromagnético y el agua. No obstante, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y de servicios públicos a empresas mixtas, siempre que sea su principal accionista. El Comercio, 3 jul. 2008, p. 6