miércoles, 13 de junio de 2012

¡QUE CANALLADA! / Roldós, León

Hay dos grupos humanos a los que el gobierno de Correa siempre trata de castigar. Uno, el de los jubilados. Otro, los servidores públicos, respecto de los cuales el Régimen supera prácticas persecutorias de los gobiernos de derecha. En la Constitución de 2008, se privó de la protección laboral antes vigente a los servidores y profesionales, a que tenían derecho por instrumentos internacionales suscritos en el seno de la Organización Internacional de Trabajo el año 1949 y que se les había reconocido en los textos constitucionales desde 1949 hasta octubre del 2008. El Gobierno, utilizando a la Procuraduría General del Estado, días atrás, además acaba de privarles de USD 300 millones en fondos de reserva que hasta 1978 sólo beneficiaba a los trabajadores privados y que desde el gobierno de Jaime Roldós se paga a los servidores públicos. La obligación estatal de homologación de remuneraciones ha sido burlada por Correa. Lo más reciente, el proyecto de Ley en que pomposamente se denomina "régimen solidario de cesantía" a un programa de despido intempestivo que el Gobierno está tramando contra los empleados públicos no protegidos por el Código del Trabajo. El supuesto de marras es "proteger" con una suma pagada por el Estado, además de la cesantía acumulada en el IESS, al trabajador que es despedido intempestivamente. Los trabajadores no quieren ser despedidos, lo que demandan es estabilidad, y no que después de 90 días de estar cesantes -de no haber conseguido otro trabajo- les den una limosna de USD 200 o 500 de parte del Estado. La norma está direccionada a los empleados públicos, porque los privados tienen otros derechos de mayor cuantía contra los empresarios que los despidan intempestivamente. ¡Qué canallada! El Comercio, 22 abr. 2009, p. 10

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