CUPULAS DE UNIFORMADOS DEFIENDEN SUS PENSIONES

Malestar e inconformidad hay entre militares y policías por la intención del Gobierno de suspender el pago del 40 ó 60 por ciento de las pensiones jubilares en caso de que retornen al mercado laboral, como establece el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social en el ámbito privado y público. Ese es uno de los puntos polémicos de las reformas. Ayer los directores de los fondos y las cúpulas de ambas instituciones y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) acudieron al "Congresillo"" para defender sus propuestas. El general Fabián Varela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, explicó que si estas reformas se aprueban los principales afectados serán la tropa, en el rango de sargentos que están entre 40 y 60 años de edad. En el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas existen 22 mil pensionistas de los cuales 15.700 están en edad económicamente activa. Al menos el 88 por ciento de ellos corresponden a tropa y de ese porcentaje el 72 por ciento a sargentos que salen con pensiones que en promedio llegan a US$ 700. Rodrigo Bohórquez, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, plantea que se exceptúen de esa norma quienes ganen hasta $ 900 para que puedan retornar a trabajar. Además cree que se deben considerar aquellas personas especializadas en armamento y de Fuerzas Armadas que son reinsertadas a la institución. Ellos deberían tener un tratamiento especial, aseguró. Policía Nacional también señaló su molestia. Rodrigo Suárez, director nacional del Instituto Nacional de Seguridad Social, (Isspol), opinó que la norma no debería ser para quienes vuelvan a trabajar en el sector privado sino solo para el público. "No se debería limitar la experiencia que tenemos, podemos aportar en diferentes campos", afirmó. El Universo, 20 feb. 2009, p. 5