Prohibición se revierte en decreto

Los oferentes y proveedores de personas jurídicas cuyos accionistas, asociados o partícipes están domiciliados en paraísos fiscales ya podrán participar en los procesos de contratación pública. El Decreto Ejecutivo 774, del 9 de septiembre pasado, abolió la disposición emitida en 2009 (Decreto 1793), en la que se "descalificaba inmediatamente" a aquellos accionistas que tenían domicilio en los paraísos fiscales determinados por el Servicio de Rentas Internas. Seis años después, el mandatario Rafael Correa dio marcha atrás, para "incentivar el arribo de inversiones extranjeras, el incremento de puestos de trabajo y la transferencia de conocimientos y tecnología", se argumenta en el nuevo decreto. La prohibición para participar a los empresarios con este tipo de vínculos se dio a raíz de que Fabricio Correa, hermano mayor del presidente, habría mantenido adjudicaciones con el sector público a través de empresas o consorcios presuntamente domiciliadas en Panamá, que eran consideradas por el SRI como un paraíso fiscal, al no pagar impuestos. En tanto, el SRI incorpora a 87 países como paraísos fiscales, según una resolución actualizada al 28 de enero de 2015. El Universo, Año 95 N°016 1 oct. 2015, p. 4