Las diferencias que pudieran surgir por el crédito de mil millones con China se resolverán en Pekín y Londres. Esa decisión camina en dirección contraria a lo que el Gobierno manifiesta defender: la soberanía y lo establecido en la Constitución sobre el lugar donde se podrán dirimir los litigios. Art. 422. El Comercio, 30 sep. 2010, p. 6
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